Mientras de este lado del océano vemos cómo miles de personas salieron en estos días masivamente a las calles de España para exigir una mayor protección frente a la crisis de vivienda, un informe global alertó por la grave situación en el acceso a este derecho y mostró que Argentina lidera el ranking de los países con peores condiciones para sus habitantes: solo en el último año, 8 de cada 10 inquilinos tuvo que recortar gastos básicos para llegar a pagar el alquiler, una cifra que superó al promedio global.
En otras palabras, nuestro país está 8 puntos peor que el promedio de los 22 países estudiados en el relevamiento en un marco en el que la desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei vía el DNU 70/2023 habilitó condiciones cada vez más asfixiantes para las familias que necesitan acceder, ni más ni menos, al derecho a un techo dónde vivir.
Dentro de ese universo, casi 4 de cada 10 argentinos se vio en la urgencia de recortar alimentos y compras esenciales, a la vez que un número similar tuvo que echar mano de sus ahorros y 1 de cada 3 aumentó las horas trabajadas para reforzar ingresos golpeados por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años.
“La inseguridad habitacional en Argentina a menudo se desarrolla mucho antes del desalojo o la falta de vivienda”, alertó el informe internacional.
De hecho, al observar la situación puntual de las personas que no son propietarias y que tampoco esperan llegar a comprar una vivienda, 6 de cada 10 identificó como los motivos principales los ingresos demasiado bajos y que las propiedades son muy costosas hasta para poder hacer un pago inicial.
Argentina, peor que el promedio globalEn Argentina, más del 20% de los hogares vive en una vivienda alquilada (+70% desde el censo previo en 2010).
Sin embargo, ese crecimiento se dio en un contexto de fuerte deterioro en la accesibilidad: desde fines de 2023, los precios de los alquileres aumentaron por encima de la inflación y, sobre todo, de los salarios, al punto de que alquilar se volvió inaccesible incluso para sectores con empleo formal.
Esto ocurrió en un escenario en el que la derogación de la Ley Nacional de Alquileres (N°27.551) en diciembre de 2023 vía el DNU 70/2023, aceleró el ritmo de suba de precios, acortó la duración de los contratos e impuso mayor frecuencia a las actualizaciones mensuales.En este contexto, un informe internacional que comparó la situación de una veintena de países evidenció las consecuencias concretas de la desregulación del mercado inmobiliario en Argentina: el 83% de las personas encuestadas en nuestro país aseguró haber reducido al menos un gasto durante el último año para poder afrontar los costos de la vivienda, una cifra que incluso superó al promedio global (75%). La investigación global sobre la vivienda elaborada por la organización Hábitat para la Humanidad se basó en una encuesta a más de 30.000 personas residentes en 22 países, y fue realizada entre abril y junio de este año.
Las cifras permiten dimensionar una especie de efecto dominó sobre la economía familiar: altos costos de la vivienda, recorte en consumos esenciales, uso de ahorros, más horas de trabajo y desalojos crecientes.
En el caso de nuestro país, los recortes alcanzaron hasta lo más básico: el 38% gastó menos en alimentos y compras esenciales, el 37% recurrió a sus ahorros o fondos de emergencia y el 35% asumió trabajos adicionales o más horas laborales.
Además, el 34% tuvo que elegir entre pagar la vivienda o cubrir necesidades como alimentación, vestimenta o medicamento, y el 19% limitó el uso de calefacción o aire acondicionado en sus hogares (casi el triple del promedio mundial de 7%).
“Estos sacrificios demuestran que el costo de la vivienda afecta no solo el lugar donde viven las personas, sino también su comodidad, nutrición y estabilidad financiera a largo plazo”.
